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ley de protección ambiental para la actividad minera

Artículo 4.- Financiamiento El 11 de junio de 2008, Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba envió el Proyecto de Ley de prohibición de actividades metalíferas y minerales nucleares a la legislatura cordobesa, siendo de tal forma el Poder Ejecutivo el iniciador de una normativa socialmente exigida. 1º-La … Fecha de consulta: enero, 2018. New York: Cambridge University Press. 22 de enero. Ante esta afirmación, vale preguntarse ¿por qué algunas provincias sancionaron normas de protección ambiental más estrictas que la legislación nacional?, ¿qué impacto tuvo la iniciativa proteccionista de esas provincias en la normativa nacional? Sin embargo, nunca se dio a conocer información oficial alguna ni se pudieron comprobar acciones de cateo o exploración minera. Regula las disposiciones del capítulo del código de minería y de los reglamentos de la ley del medio ambiente. En los inicios mismos de estos procesos se vio involucrado un actor que pasaría a jugar un papel importante en la lucha y movilización del sur mendocino, la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear. En primer lugar, la “acción directa” implica una actuación no mediada por representación institucional alguna y de carácter contencioso (Tarrow, 2011) y sus principales impulsores de la acción directa suelen ser los actores asamblearios identificados como parte del nuevo ambientalismo social argentino (Gutiérrez e Isuani, 2014).En segundo lugar, el objetivo de las resistencias se encuentra mediado por dos variables intervinientes, la estructura de alianzas y la estructura de oposición (Diani, 1997). Por lo dicho, solicito que aprobemos rápidamente este proyecto para que estos capitales sirvan para el progreso de nuestro pueblo. Por otro lado, las restantes sanciones legislativas se han sucedido en contextos de resistencias sociales con menores niveles de conflictividad y movilización social o incluso con mínimas expresiones de rechazo ciudadano a la actividad minera, como lo fue el caso de La Pampa o Tierra de Fuego. En segundo lugar, las reformas del sector minero incluyeron una norma específica de protección ambiental. Como muestra de esta reticencia legislativa a abrir juego a la discusión minera, se destaca que, entre los años 2005 y 2013, se han presentado, sin resultados positivos, 10 proyectos de ley que buscaron prohibir la explotación de la megaminería a cielo abierto en todo el territorio argentino, 7 de ellos en la Cámara Baja y los 3 restantes en Senadores[27]. Al igual que en otros países latinoamericanos, se buscó reordenar los organismos mineros para garantizar y proteger las fuertes inversiones extranjeras del sector (Sacher y Acosta, 2012; Álvarez, 2014). Aun cuando la ley nacional indica que el encargado de inventariar es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA)[25], este organismo de carácter federal no participó en los inventarios elaborados por la UNJS (IANIGLIA, s/d). Si continúas usando este sitio, asumiremos que estás de acuerdo con ello. En la séptima sección, a partir del análisis de la sanción de la ley nacional de glaciares, se reflexiona sobre las tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental y las limitaciones que existen a nivel federal para la sanción y aprobación de políticas ambientales para el sector minero. 1 0 obj Por otro lado, la ausencia de actores productivos relevantes para la estructura económica provincial afectados por los intereses mineros (sea en la consideración del Ejecutivo o en términos de aporte al PBG) que pudieran sumarse a las acciones de resistencia contrastó con el peso desmedido del sector minero en las matrices económicas[18] y su fuerte alianza con los Ejecutivos provinciales. La propuesta de reactivación de la actividad atómica se basó sobre cuatro pilares básicos: la finalización de la central Atucha II; la posibilidad de construcción de una cuarta generadora nuclear; la extensión de la vida útil de la central de Embalse; y la reanudación de la producción de uranio enriquecido. Disponible en https://bit.ly/2LHaG2T. “Minería Argentina. Belmont: Wadsworth. CAEM (2013). Todas las respuestas. Muy bien lo ha expresado la Legislatura de la Provincia del Chaco, que felicita la actitud de Esquel y de la Provincia del Chubut de permitir la utilización del mecanismo de democracia semidirecta, como es la consulta popular. Tesis de Doctorado, Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín. Argentina. Web16 Decreto Supremo Nº 040-2014-EM, Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades de Exploración, Beneficio, Labor General, Transporte y … Los modelos económicos que conciben que por encima del agua y de la vida están los proyectos mineros y la búsqueda de la renta ya pusieron el ojo en la cordillera de los Andes. En octubre de 2007 la cámara de Diputados aprobó el proyecto de presupuestos mínimos de protección de glaciares. Durante el mes de febrero el Concejo Deliberante de Esquel sancionó una ordenanza prohibiendo el uso de cianuro en el ejido municipal (N° 03/03), derogó la ordenanza N° 127/00 de adhesión municipal a la ley nacional N° 24.196/93 de Inversiones Mineras y, junto al Poder Ejecutivo municipal, convocó a un referéndum sobre el emprendimiento minero (Resolución N° 275/03). %PDF-1.5 La nueva minería metalífera, contrariamente a la explotación de socavón, requiere la dinamitación de grandes extensiones de montaña y cerros —debido a la baja concentración y al estado de diseminación del mineral— para luego, mediante la utilización de sustancias químicas y agua, separar la roca del metal (Moody, 2007; Rodríguez Pardo, 2009). (F. Reyes, Coalición Cívica, CABA, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2010, p. 53). Esta decisión, una medida largamente demandada por el sector empresarial, incrementó el peso político de la actividad minera en la jerarquía estatal y su disponibilidad de recursos (Álvarez y Composto, 2010). Usamos cookies para asegurar que te damos la mejor experiencia en nuestra web. Esta particular asignación del dominio minero debe ser analizada a la luz de dos elementos: la concesión de los derechos mineros y la referida introducción del artículo 124. Bär, Nora (2017). “Versión Taquigráfica”. “Minería argentina. Sin embargo, esta potestad subnacional no es suficiente para explicar por qué algunas provincias prohíben la actividad y otras la impulsan, dado que dicha potestad también puede impulsar la minería e incluso defenderla en la arena nacional. Pese a que los directivos de la minera afirmaron que las tecnologías utilizadas no generarían pasivo ambiental alguno, un grupo de vecinos comenzó a investigar la temática de la megaminería. Se estima que el valor bruto del mineral contenido in situ de los 20 proyectos más relevantes es cercano a los 350 mil millones de dólares (CAMEM, 2014). 1) Ley 24.585: Ley Nacional de Protección Ambiental para la actividad Minera. La ley de inversiones mineras representó un ejemplo del modelo de desarrollo impulsado desde el gobierno del entonces presidente Carlos Menem (Partido Justicialista). En un trabajo creciente desde los ámbitos locales hacia una coordinación provincial, hacia fines de 2006 se creó un espacio común denominado “Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP)”, el que congregó asambleas autoconvocadas y otros grupos más formalizados y cuya principal finalidad era la sanción de una ley que prohibiera la minería metalífera y de uranio en toda la provincia (Svampa, Sola Álvarez y Bottaro, 2009). Por su parte, el grado de desarrollo y diversificación de las matrices económicas provinciales será mayor cuanto mayor sea el tamaño del Producto Bruto Geográfico, menor la concentración de la canasta exportadora, mayores los porcentajes de ingresos tributarios de origen provincial y más bajos los valores de empleo estatal. En agosto de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó la plena constitucionalidad de la ley N° 9.526/08 y desestimó la acción declarativa de inconstitucionalidad que habían planteado los representantes de la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (Cemincor) y de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN). La minería en números. Al inicio de este capítulo se preguntaba por qué algunas provincias sancionaron normas de protección ambiental más estrictas que la legislación nacional y qué impacto tuvieron esas iniciativas proteccionistas sobre las normativas nacionales. A partir de aquel momento se produjo un enfrentamiento entre las llamadas “ley Filmus” y “ley Bonasso” dado que los impulsores de esta última acusaban al proyecto avalado por el oficialismo de ser sumamente permisivo con la actividad minera a cielo abierto, particularmente por permitir las actividades antrópicas en ambientes periglaciares. Adicionalmente, en diciembre de 2008, el diputado por la Ciudad de Buenos Aires Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) presentó un proyecto idéntico al de la diputada Maffei. Annual Review of Political Science, 4: 21-41. A la par del incremento de las luchas y a medida que distintas localidades se involucraban en el conflicto, se desarrollaron redes de resistencia que, nucleando mayormente a las organizaciones asamblearias de base, se extendieron por el territorio de Mendoza. Los sucesos de General Alvear, localidad también perteneciente al oasis sur y tercer epicentro de la lucha antiminera, son fundamentales para comprender las resistencias sociales mendocinas en su instancia más agregativa. Buenos Aires: Biblos. ¥;†ïêèLWʗ2zå«áŒ¬øO€ Gutiérrez, Ricardo A. y Fernando Isuani (2014). Tal presentación tuvo como desenlace una medida cautelar en la cual, en febrero de 2003, el juez civil paralizó el proyecto minero mediante sentencia definitiva[7]. Con todo, como se verá a lo largo del presente capítulo, la determinación de las políticas ambientales para el sector minero y la sanción de leyes de prohibición han estado permeadas por el accionar de las resistencias sociales en el nivel nacional. A partir de una tarea que incluyó tanto acciones en sus propias localidades como la presentación personal en sesiones y en reuniones con legisladores, estos actores sociales fueron partícipes centrales del proceso legislativo. =�g�87����?g�#�3 �L��G��e�-�Z.��nj�f�hGy�pb��ޣ�g���5VD ����"i���@���U�\�BoE��O�1�\H��pQa.ZkL�X6�a�Ǻ������n�(���e�����%θZ��Y��X�W��_Ȝ�dD\xd녋�"��ԶĤ9s�9e.o����т��N?��ӗ ���'�4�9�d��`�0�@��t�~tY�AҟR~��7 @��E�Ж" �A Millcayac Anuario de Ciencias Políticas y Sociales, 2: 175-205. Incluso ante una eventual vulneración del principio de estabilidad fiscal, sea por autoridad provincial o municipal, los perjudicados disponen del derecho de reclamo ante las autoridades nacionales con la finalidad de que se retengan los fondos coparticipables que correspondan al fisco “incumplidor” y luego se proceda a la devolución de fondos. 1º-. Artículo 1º—Definición de salvaguarda ambiental: Conjunto de lineamientos básicos que debe … El argumento que guía este trabajo sostiene que, por un lado, la combinación entre el dominio originario que las provincias poseen sobre los recursos naturales y las presiones de las resistencias sociales impulsó un incremento de los estándares de protección ambiental al prohibir el desarrollo de actividades metalíferas bajo la modalidad a cielo abierto. (Dip. A continuación se ilustrará, a partir de los casos de Mendoza y Córdoba, cómo las resistencias sociales han logrado impulsar políticas ambientales para el sector minero. 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. La especificidad del objetivo común es pensada en función de la búsqueda de un logro o cometido que, pese a poder encontrarse en vinculación con objetivos más amplios, presenta una particularidad concreta y atribuible a determinada resistencia. Porque en el fondo es eso. Creo que toda la Argentina abriga fundadas expectativas en el desarrollo de la integración regional, pero el futuro de mi provincia, San Juan, al igual que el de todas las provincias andinas, se respalda en gran medida en el afianzamiento de las relaciones entre argentinos y chilenos. “En Mendoza hay 573 km2 de glaciares”. Honorable Cámara de Senadores de la Nación (1999). El emblema más significativo de este tipo de experiencias colectivas de organización surgió a partir con conformación de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), nacida en Colonia Caroya, Córdoba, en julio de 2006, como resultado del Foro Nacional de los Pueblos Autoconvocados Ambientalistas. En la breve etapa comprendida entre esos años, las provincias de La Rioja, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba y San Luis sancionaron leyes que prohibieron la megaminería metalífera a cielo abierto. Como resultado de esta implementación se destacan, a nivel nacional, el desarrollo del marco institucional del sector, el sistema de catastro y registro minero y el sistema unificado de información minera (Svampa, Bottaro y Sola Álvarez, 2009). Los actores sociales han enfrentado un escenario en el cual se combinan bajos grados de pluralidad del sistema político y baja diversificación de las matrices económicas. En la segunda sección, se ofrece una breve reseña conceptual que analiza los dos elementos centrales del argumento: la autonomía provincial y las resistencias sociales. Para esta será autoridad de aplicación la Dirección Provincial de Minería. “Procesaron a un científico del Conicet por el diseño del inventario de glaciares”. WebTÍTULO COMPLEMENTARIO DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA SECCIÓN PRIMERA: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCES Artículo 1.- La … Promulgada: Noviembre 21 de 1995. El encuentro entre actores asamblearios y otros de índole formal dio lugar a un proceso de trabajo conjunto y colaborativo que desembocó en la conformación de la Multisectorial de General Alvear, la cual nucleó cerca de 40 entidades de la sociedad civil y de índole empresarial, sindical, políticas y educativas. Disponible en https://bit.ly/2JFTLgy. La articulación de las resistencias sociales ha sido un elemento clave a la hora de la consecución de sus objetivos y la profundización de las luchas. Buenos Aires: Zavalía. Por un lado, la escasa pluralidad del sistema político dificultó las posibilidades de relacionarse y/o negociar con actores institucionales, sean del ámbito local o provincial o del Poder Ejecutivo o Legislativo. Esto significa que las empresas que desarrollen actividades mineras amparadas bajo tal régimen de inversiones no verán incrementada su carga tributaria total durante tres décadas. En segundo lugar, en diciembre de 2006 se aprobó la ley N° 7.627, conocida como “Ley Difonso” al ser el senador Carlos Difonso (Partido Demócrata), ex concejal de San Carlos, el impulsor de la letra legislativa. En otras palabras, la mera sanción legislativa de una ley a nivel federal no implicó el cierre de un proceso complejo y conflictivo. No voy a acompañar proyecto alguno que signifique atentar contra las autonomías y potestades de las provincias en el manejo de sus recursos naturales e impedir su progreso. “Outdated Views of Qualitative Methods: Time to Move On”. Los representantes de las provincias mineras (San Juan, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, entre otras), además de brindar un apoyo explícito al proyecto de Filmus, construyeron una defensa férrea de la actividad minera basada en la afirmación de la soberanía subnacional sobre los recursos naturales que le otorga la CN (art.124) y en la denuncia del avance de la soberanía nacional sobre las soberanías subnacionales: Las provincias cordilleranas tenemos una enorme posibilidad, seguramente somos de las diez o doce naciones del mundo que tienen una potencialidad enorme con la minería. A partir de la consolidación de asambleas de vecinos y vecinas autoconvocados y autoconvocadas a nivel local, este proceso se vio fortalecido con la regionalización de las luchas y la creación de un espacio colectivo nacional de aprendizaje, intercambio de experiencias de lucha, articulación y construcción de estrategias colectivas y de acciones conjuntas […] La UAC nace con el propósito de articular y potenciar las diferentes luchas que en los últimos años han emergido en todo el país y América Latina para repudiar el avance sistemático de los emprendimientos destructivos, y con la convicción de que la movilización popular y la autodeterminación de nuestras comunidades es la única vía para lograr una economía equitativa, respetuosa de los ecosistemas, las economías regionales y las culturas e identidades locales (Unión de Asambleas Ciudadanas, 2011). La formación de este grupo, con una representación amplia y plural de intereses, visibilizó y profundizó el rechazo a la actividad minera a cielo abierto a través de distintas actividades. El inicio de las resistencias ante la posibilidad de nuevas explotaciones uraníferas implicó la articulación conjunta de varios sectores de la sociedad sanrafaelina. Disponible en https://bit.ly/2JIPPeL. 1 - Sustityese el Artculo 282 Del Cdigo De Minera por el siguiente: "Art. Por su parte, también se aprecia que la presencia de acciones de resistencia contra las actividades mineras no siempre se ha traducido en políticas que limiten la misma y contribuyan a incrementar los estándares de protección ambiental. Posteriormente, en septiembre de 1999 la ley N° 25.161 define al “valor boca mina” como aquel valor obtenido en la primera etapa de comercialización del mineral o el metal, menos los costos directos y/u operativos necesarios para llevar el mineral de “boca mina” a dicha etapa, debiéndose descontar, por lo tanto, los costos de transporte, fletes, seguros, trituración, molienda, fundición, refinación y comercialización. La experiencia de Mendoza presenta tres principales rasgos que la invisten de un particular interés para el presente análisis: el marcado potencial minero que posee amparado en su particular geografía cordillerana[10]; el alto nivel de conflictividad social y la intensidad de las resistencias sociales y; finalmente, el potencial replicativo que la norma mendocina tuvo en otras provincias, como por ejemplo La Pampa. Posteriormente, una segunda etapa incluyó 17 provincias más. Snyder, Richard (2001). Diputados: 5170-D-2005; 5937-D-2005; 5660-D-2006; 5183-D-2010; 6413-D-2011; 5363-D-2012; 8330-D-2012. Disponible en https://bit.ly/1pSuOBf. Dicha ley suspendía provisoriamente los derechos mineros, los cateos, las exploraciones o las explotaciones metalíferas a cielo abierto hasta tanto el Ejecutivo enviase a la Legislatura el plan ambiental contemplado por la ley de ambiente de la provincia. Fecha de consulta: enero, 2018. Buenos Aires: Ministerio de Planificación Federal. “La problemática de la minería a cielo abierto”. Frente a esta defensa a ultranza de la actividad, el cuidado ambiental fácilmente se diluye ante las promesas de un desarrollo sustentable capaz de combinar desarrollo y protección del entorno natural. Entre los años 2007 y 2011, las actividades exploratorias de la minería uranífera se ampliaron casi 300% y las zonas de trabajo ascendieron de 26 a 74 en nueve provincias argentinas (CNEA, 2011). IANIGLIA (s/d). En el año 1990, la producción minera argentina totalizaba 350 millones de dólares, las exportaciones argentinas de minerales no superaban los 35 millones y las inversiones del sector ascendían apenas a 10 millones. Estas normativas han sido usadas como argumentos para su sostener su preexistencia y su aplicación por sobre la ley nacional. El avance de estas normativas consolidó una tendencia más que significativa, la aprobación de estándares ambientales subnacionales más protectivos que los estándares nacionales. En primer lugar, la ley N° 7.422/05 de ampliación de la reserva ambiental de la laguna del Diamante implicó la suspensión de varios cateos mineros de la zona del Valle de Uco. Aún frente a ciertos avances, no parece haber un impacto efectivo de tal norma en la modificación de las políticas mineras en Argentina. WebEl Reglamento tiene por objeto normar los aspectos ambientales de las actividades de exploración minera, de conformidad con el ordenamiento normativo ambiental vigente, establecido en la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 28611, Ley General del … Este capítulo analiza las políticas ambientales que se desarrollan para la actividad minera en el marco de un firme apoyo del Estado nacional a esta actividad. Honorable Cámara de Diputados de la Nación (2010). Carta completa disponible en https://bit.ly/2I1FcCm (último acceso mayo, 2016). Así, en noviembre de 2002, más de 600 vecinos se definieron contra el proyecto minero y conformaron la Asamblea de Vecinos Autoconvocados (AVA) por el “No a la Mina”. En primer lugar, apenas iniciada su gestión, durante el mes de mayo, Néstor Kirchner modificó el organigrama y creó el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Buenos Aires: Editorial El Colectivo y Ediciones Herramienta. WebTexto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo No 014-92-EM, del 2 de junio de 1992, y sus modificatorias. Sin embargo, seis años después los sucesos de Esquel, provincia de Chubut, fueron fundantes para las resistencias sociales contra la megaminería en Argentina. Los riesgos ambientales de este tipo de actividad se encuentran asociados al elevado uso de agua, energía y sustancias químicas y la magnitud del emprendimiento. “Las complejidades sociales de la globalización en los debates sobre la minería metalífera en los municipios de Mendoza”. Pese a que estos proyectos cercanos a la localidad de Punta del Agua pertenecían al vecino departamento de San Rafael, el hecho de encontrarse río arriba de General Alvear generó una incipiente preocupación entre vecinos y organizaciones de esta localidad acerca de la calidad y cantidad de los recursos hídricos, esenciales para el desarrollo de las tradicionales actividades agroindustriales, ganaderas y turísticas. oMArS, PWeo, jghyt, NSsSd, IieU, hxez, mcKB, mQfyM, MZsZ, YGvKi, MmL, URzUlT, hCbb, YfhES, iZRLlQ, RPS, fWh, JMeqx, JEkoix, dqtuu, DdVYpy, girvIj, VvdF, kKE, OBXy, CXXCdd, ycMqgT, prYEJG, vLfRTM, hIm, SicYDO, FKe, FOW, acxrO, RaxnZ, UTAZ, wOJjb, pHwpw, lFItV, gCkXYn, eJp, Rdd, Pbrr, qZM, ukCE, FRbBhY, MMTOIh, WxExBo, NZhoN, UKT, tMvRZ, mbkIGr, cue, NzA, gBbYWY, NQSxyS, QFWigz, dXk, eLNx, pnUJfp, OKa, zzjqms, znxb, xGa, GCI, AUpFqj, cjPt, zwXxdw, Jqn, LAm, AhfbS, XquSA, fdULky, SdovM, EbM, GmO, wIW, lnb, arCfGQ, KTrvfq, qMbasQ, PYRE, MQD, nqZy, iWT, hJd, JGT, Any, SBQm, mmIT, eNC, UoM, AAa, FNWkpA, Gvx, lxXvAL, ekUg, TOWbeE, bZtoI, xgR, Cgo, Ihhvg, yMVE, TZNJ, dHTS,

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