XXVI – Nº 1 – Julio de 2013 Principios … Novoa, Eduardo (2005): Curso de Derecho Penal Chileno. 102, 134-135. Pen. Experiencias de derecho comparado (Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca). Abalos con Rencoret (2010): 4° Juzgado de GarantÃa de Santiago, RUC Nº 1000764947-4. 50-112. 349-383. 75 A juicio de Núñez (2003) T. II, p. 442 y Cerda (2003) p. 31, una fundada petición de pena superior a los 5 años de privación de libertad es la "única causal" que puede invocar el querellante particular como fundamento de su oposición al procedimiento abreviado. 2. Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho. En este punto hoy la doctrina predominantemente estima como facultativas para el juez tanto la rebaja de la pena como el monto de ella51, no obstante lo cual, encontramos ejemplos de tal anticipación, como en la sentencia del Juzgado de GarantÃa de Coquimbo, RUC Nº 1100172703-8, de 4 de enero de 2012, en la que se deja constancia que respecto del delito de robo en lugar habitado, y concurriendo dos mitigantes (artÃculo 11 Nº 7 y 9 del CP), el MP solicita una pena de 541 dÃas de presidio, es decir, dos grados bajo el mÃnimo, sanción que en definitiva impone el Juzgado de GarantÃa escudándose en la limitación que le significa la norma del artÃculo 412 del CPP52. 26 Segundo Informe de la Comisión del Senado. Ministerio Público con Figueroa (2009): RUC Nº 0801059594-1, de 23 de enero del año 2009. Un breve estudio a partir de elementos comparados, Procesal Penal. CONTROL JUDICIAL SOBRE LA DISCRECIONAL MODIFICACIÃN A LA ACUSACIÃN O REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO PÃBLICO. Mcdonald (1986-87) p. 203, n. 2; RodrÃguez (1997) p. 68; y, Pizzi (2004) p. 213. 44-45; y, Maturana y Montero (2010) T. II, p. 1063. Ministerio Público con MarÃn (2004): Corte de Apelaciones de Rancagua, ROL Nº 37-2004, de 23 de junio del año 2004. 401-407. 23 En el mismo sentido Del rÃo (2008) p. 166. Ministerio Público con Campos (2011): 6º Juzgado de GarantÃa de Santiago, RUC Nº 1100917253-1, de 24 de octubre de 2012. Ministerio Público con Varas(2009): del Juzgado de GarantÃa de Valdivia, RUC Nº 1100289676-3, de 12 de septiembre del año 2011. Llevaba la razón este profesor, pues tanto la retirada de elementos fácticos del inicial requerimiento o acusación y/o la modificación de la calificación jurÃdica, en adecuación a las reales y razonables posibilidades de acreditación y subsunción por parte del MP, asà como la adición de la minorante del artÃculo 11 Nº 9 del CP, han resultado insuficientes para incentivar o instar al imputado a renunciar al juicio oral. Parte General (Santiago, Editorial JurÃdica de Chile, T.I). Herrera con Romero (2006): Corte de Apelaciones de ValparaÃso, ROL Nº 03-2006, de 6 de febrero del año 2006. Empero, este obligatorio ejercicio de la acción penal en la partida del procedimiento, se menoscaba cuando el MP fragmenta el hecho delictivo investigado y excluye de la pretensión procesal de la acusación, elementos fácticos que conducirÃan a una tipificación más gravosa del hecho principal, o constituirÃan circunstancias calificantes o agravantes del mismo. El Nuevo Proceso Penal Chileno (Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias JurÃdicas y Sociales, Dept. Parte General (Santiago, Editorial JurÃdica de Chile, T. II, tercera edición). De asentarse la tesis enunciada retiro del material fáctico no suficientemente acreditado de la acusación en la realidad del foro, prontamente las defensas y los imputados advertirán que ninguna ventaja representa para ellos la modificación de la acusación realizada por el Fiscal, pues simplemente ha ajustado la acusación a lo que podrÃa probar en el juicio oral, por lo que nada perderÃan entonces insistiendo con dicha instancia22. Horvitz78, reconociendo que las facultades del querellante se ven mermadas respecto del rito ordinario, quedándole a este solo la posibilidad de ser oÃdo y presentar prueba en el juicio, solo da como alternativa para aquellos casos en que la pena requerida en concreto por el Fiscal se base en hechos o circunstancias que no guarden correspondencia con los antecedentes de la investigación o se valga de interpretaciones jurÃdicas sin asidero alguno en la ley, la jurisprudencia o la doctrina, el reclamo del querellante o la vÃctima ante las autoridades correspondientes por las vÃas que franquea la LOC del MP79. Por lo anterior, únicamente cabrÃa admitir ampliar el objeto del procedimiento abreviado a los hechos de la acusación particular que excedan los de la acusación del MP, cuando el imputado también acepte estos y los antecedentes que los fundan, ello, mediante analogÃa in bonam partem (admitida a contrario sensu, según se desprende del artÃculo 5°, inciso 2°, del CPP), si con ello se evita la exposición del acusado "a" y "en" un juicio oral, además de acceder a la rebaja punitiva que prevé el artÃculo 407 de CPP por someterse al procedimiento abreviado. Hassemer, Winfried (1984): Fundamentos del Derecho Penal (trad. Ministerio Público con Caris (2013): RUC Nº 1300096777-1, de 27 de enero del año 2013. Pecchi, Carlos (2000) "El procedimiento abreviado en el nuevo Código Procesal Penal", en VV.AA. 49 Van Weezel (1997) p. 470; y, Matus y Van Weezel (2003) p. 377. Palabras clave: Discrecionalidad, principio de obligatoriedad, proceso penal. 51 v. Van Weezel (1997) p. 470; Garrido (2001) T. I, p. 322; Etcheberry (2001) T. II, pp. 12 del CPP. Fuentes del derecho procesal penal 7.1. Y en cuanto a la incorporación al requerimiento o a la acusación de la atenuante del artÃculo 11 Nº 9 del CP, esta resulta muchas veces una parca recompensa para el requerido o acusado que renuncia al juicio oral si se coteja con la rebaja de un tercio de la pena que permiten los procedimientos italianos del patteggiamento y abbreviato, y el juicio rápido español, por ejemplo, pues dicha modificatoria necesitará para operar una rebaja relevante de la pena siquiera de un grado, el concurso de al menos otra mitigante (artÃculos 67, inciso 4°, y 68, inciso 3°, del CP), o su consideración como muy calificada (artÃculo 68 bis del CP), y siempre bajo el supuesto que no se presente también alguna agravante que podrÃa anular su efecto. Principio de obligatoriedad (principios constitucionales en materia fiscal) en la Doctrina Mexicana. VI. ; Politoff, Matus y RamÃrez (2004) p. 533; Novoa (2005) T. II, p. 362; Cury (2005) 769; y Medina (2009) 209. 62 Sobre esta asimétrica posición entre las partes que negocian en el proceso penal, y cómo esta se opone a una visión de la administración de justicia basada en la racionalidad del mercado que abraza la ideologÃa de laissez-faire, v. Damaska (2010) pp. 50 v.t. Ruiz, Enrique (1994): El Principio Acusatorio y su Proyección en la Doctrina Jurisprudencial del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo (Madrid, Actualidad Editorial). Si bien pudiera parecer que en tales supuestos la acción penal sigue ejerciéndose y, por tanto, no se ha descuidado el deber de perseguir el delito conocido, tal conclusión desatiende que su realización debe respetar los principios de legalidad procesal y objetividad que rigen las potestades y actuaciones del MP, asà como la vigencia del principio de legalidad penal sustantivo y las garantÃas de la estricta jurisdiccionalidad y la exclusividad jurisdiccional en la aplicación del derecho penal5. La convergencia entre proceso civil y penal ¿Una dirección adecuada? En la causa RUC Nº 1000736623-5, del Juzgado de GarantÃa de Antofagasta, se presentó acusación por los siguientes hechos: "(...) en circunstancias que la vÃctima (...) efectuaba sus labores como repartidor de la empresa Coca Cola conduciendo el camión (...) detuvo la marcha para entregar bebidas, momentos en los cuales el imputado (...) procedió a subirse a las pisaderas de la puerta del costado izquierdo del camión portando en una de sus manos un cuchillo de regular tamaño, con el cual lo intimidó, colocándoselo a la altura del cuello, instantes en que le exigÃa la entrega de dinero, manifestándole con groserÃas que le entregara la plata si no lo mataba, situación que fue observada por uno de los peonetas, el cual, salió en defensa de la vÃctima, lo que provocó que el imputado huyera del lugar, ingresando sin la autorización de su propietario (...) al domicilio ubicado en calle Plumerillo Nº 6390, siendo detenido por los funcionarios policiales en el interior del inmueble". Mañalich, Juan Pablo (2010): "¿Discrecionalidad judicial en la determinación de la pena en caso de concurrencia de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal? Escrito el 26 de Octubre de 2021 en español con un tamaño de 12,41 KB. Roxin (2000) p. 89, y Montero (2013) p. 29. Parte General (trad. Por ejemplo, aquellas rebajas de grado que obedezcan a la concurrencia de una pluralidad de mitigantes de responsabilidad penal (artÃculos 65, 66, 67 y 68 del CP), o a la consideración como muy calificada de alguna atenuante (artÃculo 68 bis del CP), asà como la determinación de la cuantÃa especÃfica de la pena dentro del grado (artÃculo 69 del CP). Una vez admitida responsabilidad por el imputado, en su fallo la sentenciadora estimó que no concurrÃan dos de las mitigantes alegadas por el MP artÃculo 11 Nº 6 y 7 del CP, procediendo legalmente la imposición de una pena entre 61 y 540 dÃas de presidio, sin embargo, sanciona en definitiva con fecha 4 de noviembre de 2010, a la pena inferior requerida por el MP en virtud de lo dispuesto en el artÃculo 395, inciso 2°, del CPP, y argumentando que: "toda vez que ya admitida la responsabilidad penal por el encausado, se ha fijado el lÃmite máximo de pena a imponer, encontrándose el tribunal vedado de aplicar una pena superior a ella, siendo ya intrascendente a los efectos su pronunciamiento respecto de aquellas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal". 42 Se ha seguido también en esta parte a Del RÃo (2009b) pp. Ministerio Público con Barahona(2006): Corte Suprema, ROL Nº 2.618-2003, de 30 de marzo del año 2006. Ministerio Público con Allende (2006): Corte de Apelaciones de Santiago, ROL Nº 1.839-2006, de 20 de octubre del 2006. La manipulación fáctica del hecho punible o de alguna circunstancia con el fin de dar lugar a una calificación menos grave. Producto de la agresión la vÃctima resultó con 'contusión de brazo izquierdo' de carácter leve". el tránsito de hurto consumado a frustrado21, de suerte que el encuadre jurÃdico del material fáctico de la acusación no puede perderse de ese norte e inflarse por el MP precaviendo las utilidades que ello le reportará en una eventual negociación, y por otro lado, confiándose que de no prosperar esta, será corregida por el tribunal en su fallo. Representa la voluntad del Estado para … Webmatch case limit results 1 per page. Entonces, si se acepta que la acusación no debe contener sino los hechos y la calificación sobre los que la investigación "proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento", cuando el Fiscal en medio de una negociación con el imputado ajusta la acusación a dicho parámetro, en verdad no la ha modificado en uso de su discrecionalidad, sino más bien la ha corregido en cumplimiento de su deber de actuar con objetividad y dar correcta aplicación a la ley. 35, Nº 1: pp. Bullemore, Vivian y Mackinnon, John (2005): Curso de Derecho Penal. 185-187; Matus y Van Weezel (2003) pp. (ed.) Este extremo fue agregado en el Senado, junto con la prohibición de que la sentencia condenatoria se emita exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del imputado, prohibición que el Proyecto de CPP tampoco contemplaba. Ejemplo de actualización de la facultad del querellante mencionada puede advertirse en la causa RUC Nº 0500672825-3, del 2° Juzgado de GarantÃa de Santiago, en la cual el MP acusó por el delito de lesiones graves gravÃsimas, e invocó dos mitigantes, solicitando una pena de 3 años y un dÃa de presidio. B. Procedimiento simplificado de resolución inmediata. En audiencia posterior, sin modificar los hechos, el MP los califica ahora como delito de receptación, no obstante que sigue imputándole al requerido haber sido él mismo quien sustrajo el objeto. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León (Madrid, Ministerio de Justicia) pp. 27 v. Ministerio Público con Sivoli (2006); y Ministerio Público con Varas (2008). Maurach, Reinhart, Gössel, Karl, y Zipf, Heinz (1994): Derecho Penal. 54 Etcheberry (2001) T. II, p. 184; Van Weezel (1997) p. 463; y, Van Weezel (2001) p. 406. 54 y ss. WebPrincipio De La Obligatoriedad, Gratuidad Y Publicidad Se encuentra descrito en el Art. 85-86. v.t. Ya Pecchi63 precisamente habÃa criticado a la sazón que no se hiciera referencia alguna en el Proyecto de CPP a que este procedimiento abreviado solo será aplicable siempre que previamente se encuentre suficientemente acreditado el hecho punible por otros medios que no sea el reconocimiento de participación que hace el imputado. 352-353. En este y otros casos ya vistos y que se verán luego, la pretensión punitiva suele quedar reducida a menos de un diez por ciento de la primitiva, movimiento pendular que, con aguda razón es cuestionado por Del RÃo36, tanto porque la variedad y heterogeneidad de la práctica demuestra que no se obedece a ningún criterio racional y preestablecido, sino a la pura utilidad del caso a caso guidada por el fin de provocar el consenso, y por otra parte, en atención a que las aceptaciones obtenidas con ofrecimientos de rebajas punitivas como las comentadas no pueden considerarse voluntarias. GarcÃa con Carrasco (2013): 2º Juzgado de GarantÃa de Santiago, 30 de enero del año 2013. Al no haber sido aceptados por el acusado estos antecedentes, no pueden transformarse válidamente en medios probatorios que sirvan para fundar la sentencia condenatoria, pues deberán entonces someterse al debate y escrutinio oral y contradictorio propio del juicio oral, según prescriben los artÃculos 295 y 296 del CPP. Garrido, Mario (2001): Derecho Penal. Non bis in idem. 81-84. La Justicia Penal Adversarial en América Latina. Para aceptar la solicitud de procedimiento abreviado, el tribunal debe verificar las siguientes condiciones: a) que los antecedentes de la investigación fueren suficientes para proceder de conformidad a las normas de este procedimiento; b) la pena solicitada por el Fiscal no sea superior a 5 años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza; c) el acuerdo hubiere sido prestado por el acusado con conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente; y d) de haberse opuesto el querellante al procedimiento abreviado, no considerare esta oposición fundada. Lo arriba razonado creemos puede calzar con otras dos situaciones especÃficas donde la rebaja de pena debiera quedar entregada facultativamente a la discreción del tribunal. VII. Cury, Enrique (2005): Derecho Penal. Del RÃo, Carlos (2009b): Proceso penal, consenso de las partes y enjuiciamiento jurisdiccional (Santiago, Librotecnia). Cury29, ya antes de la entrada en vigencia del CPP, anticipaba la necesidad de reformar la ley penal sustantiva, pues su sistema de determinación de pena dejaba al Fiscal sin opciones de negociación con el imputado. de Derecho Procesal) pp. Letelier con Rencoret(2010): Corte Suprema, ROL Nº 10.150-2010, de 28 de marzo del año 2011. RESUMEN: En este artÃculo se constata que la regulación nacional no contempla, respecto de los procedimientos basados en la autoincriminación, adecuados controles procesales sobre el obligatorio ejercicio de la acción penal conforme a la legalidad sustantiva que debe impulsar el Ministerio Público por imperativo legal, lo que deja como resultado, múltiples, extendidos e importantes espacios para el abandono o degradación de su ejercicio de manera discrecional, invirtiéndose con ello el modelo original de la codificación procesal, al desplazar, en el campo forense, la discrecionalidad a la obligatoriedad como regla en la persecución criminal. 643 - 686] Sistema acusatorio de … Aun cuando el primer veto pareciera solo consistir en no superar la cuantÃa de la pena pretendida por el Fiscal, debe observarse igualmente, en analogÃa in bonam partem, el artÃculo 412 antes citado, que extiende esta proscripción a las penas más desfavorables, mayor cobertura que adquirirá importancia respecto a delitos con sanciones alternativas de diversa naturaleza. 17 Aunque estas modificaciones se proponen por la cátedra en relación a una primera acusación ya formulada por escrito (artÃculo 407, inciso 3°, del CPP), lo cierto es que lo que se razonará igualmente será válido respecto de una primera acusación formulada verbalmente en la audiencia convocada al efecto (artÃculo 407, inciso 2°, del CPP), caso en el cual la modificación se efectuará en relación a la formalización de investigación previa. Van Weezel, Ãlex (2001): "Determinación de la Pena Exacta: El ArtÃculo 69 del Código Penal", Ius et Praxis, Año 7, Nº 2: pp. El principio de legalidad, se encuentra proclamado en el art.25 de la Carta Magna -EDL 1978/3879- al disponer que «nadie podrá ser condenado o … Schünemann, Bernd (2002): "¿Crisis del procedimiento penal? El Juzgado de GarantÃa acepta el procedimiento abreviado, no obstante que en el fallo califica los hechos como robo con violencia41. Ministerio Público con Contreras(2012): Juzgado de GarantÃa de Coquimbo, RUC Nº 1200135493-9, de 30 de marzo del año 2012. Ministerio Público con Varas (2008): Juzgado de GarantÃa de Santa Cruz, RUC Nº 0800592523-2, de 15 de julio del año 2008. Parte General (Santiago, Universidad Católica de Chile, séptima edición). Mensaje Nº 440-350 de 22 de enero de 2004 que acompañó al Proyecto correspondiente a la Ley Nº 20.074. Ministerio Público con Ferrada (2013): Juzgado de GarantÃa de Linares, RUC Nº 1200229891-9, de 23 de enero del año 2013. Ministerio Público con Núñez (2010): Juzgado de GarantÃa de Coquimbo, RUC Nº 1001051563-2, de 6 de diciembre del año 2011. Principio acusatorio y determinadas garantÃas procesales (el deber de correlación) (Santiago, JurÃdica de Chile). RodrÃguez, Nicolás (1997): La justicia penal negociada. Este principio nos dice que las personas gozaran el derecho de recibir un seguro general obligatorio sin distinción alguna de su nacionalidad … 1. 363-378. 8.-. Asà las cosas, atribuir a este examen, que como vimos se dirige a confirmar la suficiencia de antecedentes que sustenten la acusación, otro aspecto diametralmente opuesto que permitirÃa corregir ahora la insuficiencia de la acusación ante los mismos antecedentes reunidos, permitiendo de algún modo u obligando al juez a verificar que no se haya desestimado en la acusación hechos que se encuentran debidamente justificados en los registros de la investigación, resultará igualmente dificultoso66. Parte General (Acorde al Nuevo Código Penal de 1995) (Barcelona, Cedecs). A los mismos reparos se expone una persecución que no se apega a la ley sustantiva al momento de subsumir los hechos sometidos a enjuiciamiento, si en el ejercicio de la acción penal el legislador no ha dotado al MP de discrecionalidad para postular la calificación jurÃdica del hecho. Solo la ley … penal asiste, para disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio, con … En consonancia con lo expuesto, ha devenido en un lugar común para nuestra doctrina iusprocesalista, exigir una suficiencia razonable de los antecedentes para respaldar los hechos de la acusación en este examen de admisibilidad lo que no se demanda en el procedimiento ordinario, es decir, que exista al menos un antecedente, aunque sea sucinto, para comprobar cada elemento de la acusación64. Para que la morigeración de la sanción postulada por el Fiscal sea un real incentivo que provoque o induzca la renuncia del imputado al juicio oral, es que ambos procedimientos en análisis contemplan un tipo de vinculatio poena, que impide al tribunal sancionar en forma más gravosa que la postulada por el MP. de Derecho Procesal) pp. J. Bofill G. y E. Aimone G., Buenos Aires, Astrea). 290-291. Pero sin duda que tras esta tendencia a la composición también podrÃa ocultarse el temor de la FiscalÃa de que el juicio oral deje en evidencia investigaciones mal conducidas. Cifuentes con Yáñez (2012): 2º Juzgado de GarantÃa de Santiago, RUC Nº 0900255837-5, de 27 de enero del año 2012. En este asunto, debemos ser conscientes que supeditar la efectividad de los principios que peligran por un discrecional ejercicio de la acción penal por parte del MP en el marco de los procedimientos analizados, a la actividad propositiva de la vÃctima-querellante, hace su eficacia además de contingente, aleatoria, al pender del interés o medios de un tercero sobre el cual el Estado no tiene ningún control. Es decir, se modifican los hechos, pasando de la conducta de conducir el vehÃculo a aprestarse a conducirlo, con la consiguiente rebaja de penalidad dispuesta en el artÃculo 182, inciso final, de la Ley Nº 18.29035. Falcone, Diego (2005): "La absolución en el procedimiento abreviado", Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de ValparaÃso, XXVI: pp. Aun cuando el artÃculo 394 del CPP señala que al inicio de la audiencia de procedimiento simplificado, el tribunal efectuará una breve relación "del requerimiento y de la querella, en su caso", luego el artÃculo 395 prescribe que el tribunal preguntará al imputado si admitiere responsabilidad "en los hechos contenidos en el requerimiento" o si, por el contrario, solicitare la realización de la audiencia, es decir, la normativa procesal no solo no institucionaliza en el procedimiento simplificado una sede formal para que el actor particular manifieste su oposición al procedimiento del artÃculo 395 del CPP, si este pudiera conllevar la imposición de una pena máxima que no se ajusta al mérito fáctico y jurÃdico de la investigación, como sucede en el procedimiento abreviado, sino que tampoco se recoge en el procedimiento simplificado un precepto similar al artÃculo 412 del CPP, que le permita al juez fijar como pena máxima a imponer a la pretendida por el MP o el querellante. Ministerio Público con Pardo (2012): Juzgado de GarantÃa de Coquimbo RUC Nº 0800655654-0, de 29 de mayo del año 2012. ", en Centro de Documentación DefensorÃa Penal Pública. El juez dispondrá la tramitación conforme al procedimiento abreviado, cuando considerare que el acuerdo ha sido prestado por el acusado con conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente". Conde-Pumpido, Cándido (1989): "El principio de oportunidad reglada: su posible incorporación al sistema del proceso penal español", en VV.AA. Principios de obligatoriedad y discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal @article{Vega2013PrincipiosDO, title={Principios de obligatoriedad y … Respecto del examen de suficiencia de los antecedentes investigativos reunidos por el MP, despejemos que para llevarse a efecto, necesariamente demandará su exposición en forma previa al juicio propiamente tal, la que usualmente se realiza ya sea motu proprio por el MP, o a indicación del Juzgado de GarantÃa, para cumplir con otro de los presupuestos de admisibilidad de este procedimiento, esto es, que el acusado acepte los antecedentes de la investigación que fundan la acusación lo que requiere por cierto su conocimiento, de lo cual la mejor forma de cerciorarse fehacientemente por la autoridad judicial, es exigir que dicha presentación se realice en la propia audiencia en forma oral61. Ministerio Público con Roa (2013): Juzgado de GarantÃa de Linares, RUC Nº 1000966124-2, de 22 de enero del año 2013. Key words: Discretion, mandatory prosecution, criminal proceedings. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Nº 34: pp. La obligatoriedad de los mismo, se … Mientras, en causa Ministerio Público con Valenzuela (2009), se formaliza por el delito de robo en lugar habitado, y posteriormente se reformaliza, modificando los hechos y calificándolos ahora de delito de receptación, figura por la que en definitiva sanciona el Juzgado de GarantÃa con fecha 21 de enero de 2013 en procedimiento simplificado. Como nos enseña Maier, el principio de legalidad, desde un punto de vista negativo, significa que ningún criterio de oportunidad polÃtico-utilitario, por conveniencia práctica, económica, temporal, etc. autoriza, en principio, a prescindir de la persecución penal frente a la noticia de la comisión de un hecho punible3. … Piedrabuena, Guillermo (2000): Introducción a la Reforma Procesal Penal (Santiago, Fallos del Mes). Incentivo punitivo en el procedimiento simplificado de resolución inmediata. Cerda, Rodrigo y Hermosilla, Francisco (2003): El procedimiento abreviado (Nuevo sistema procesal penal) (Santiago, Metropolitana). Parte General (trad. 55 Más aún si, como sentencia Etcheberry (2001) T. II, p. 191, el artÃculo 69 del CP es "un precepto imperativo para el sentenciador, de modo que este está obligado a consignar en su fallo la forma en que ha dado cumplimiento a lo dispuesto en este artÃculo". de Derecho Procesal) pp. In dubio pro … Ministerio Público con Varas (2008): Corte de Apelaciones de Antofagasta, ROL Nº 7-2008, de 6 de febrero del año 2008. 15 Segundo Informe de la Comisión de del Senado. En la causa RUC Nº 1200195393-K, del Juzgado de GarantÃa de Colina, sentencia de 31 de enero de 2013, el MP acusó por los siguientes hechos: "(...) el imputado (...) abordó en la intersección de los pasajes Araucaria con Los Nogales de la Comuna de Colina a la vÃctima (...), a quien intimidó con un cuchillo exigiéndole la entrega del teléfono móvil que portaba consigo, de esta forma, la vÃctima entregó por la intimidación del imputado el teléfono que traÃa, dándose a la fuga el imputado con la especie de la vÃctima, ingresando este a un domicilio del sector, lugar de donde sacó un elemento contundente, esto es, un palo con el cual además golpeó en un brazo a la vÃctima quien lo habÃa seguido hasta dicho lugar, exigiéndole la especie. Sobre el rol de la vÃctima y el querellante en el procedimiento simplificado, v. Letelier con Rencoret (2010) y Ministerio Público con Yáñez (2005). Destaquemos inmediatamente que el texto transcrito excluye la modificación discrecional de la pena pretendida por el acusador y sujeta la realización de esta a las reglas generales, con lo que pareciera hacer una remisión al párrafo IV, del tÃtulo III del libro I del CP, que gobierna la determinación legal y judicial de las penas, acotando con ello el campo de acción de la negociación al juego de la operatividad de dichos preceptos. El inciso 3° del artÃculo 407 del CPP prescribe que: "Si se hubiere deducido acusación, el fiscal y el acusador particular podrán modificarla según las reglas generales, asà como la pena requerida, con el fin de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas de este TÃtulo. Núñez, Juan Cristóbal (2003): Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral (Santiago, Editorial JurÃdica de Chile). En esto, la doctrina nacional está a la par de la foránea, la cual destaca que aun cuando un sistema permita cualquier modalidad de justicia negociada, solo debe permitirse el acceso a esta cuando el órgano jurisdiccional haya determinado, en primer lugar, la existencia de indicios racionales que permitan ejercer la acción penal65. (Madrid, Marcial Pons). Un estudio criminológico longitudinal", Revista Ius et Praxis, año 18, Nº 1: pp. c) Tercer supuesto: el querellante requiere en su acusación una pena superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, en base a hechos distintos de la acusación del MP pero comprendidos en la formalización, que conllevan una calificación jurÃdica de los hechos, atribuir una forma de participación, o la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación. La calificación jurÃdica prescinde del hecho de la acusación, y la incorrecta modificación de la calificación jurÃdica de la acusación a través de la degradación de esta. (Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Marcial Pons). WebCon el principio de obligatoriedad el MP se somete exclusivamente a la ley penal, tanto a la procesal que regula sus competencias y potestades en la persecución y en el … Si la FiscalÃa no efectuara esta dimisión, no habrÃa un incentivo real para la abstención del acusado de ir al juicio oral, instancia donde la posibilidad de una absolución por incomparecencia de testigos, retractación o desinterés de la vÃctima, o los más variopinto motivos, es altamente probable. WebRevista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XL (Valparaíso, Chile, 2013, 1er Semestre) [pp. No obstante los reparos comentados, podemos citar diversos casos en que el MP contempla ya en el quantum de la pena solicitada en su acusación o requerimiento, los efectos del artÃculo 68 bis del CP, asà por ejemplo, en causa del Juzgado de GarantÃa de CuracavÃ, RUC Nº 1101256974-4, sentencia de 27 de noviembre de 2012, el MP solicita respecto del delito consumado de robo en bien nacional de uso público, una pena de 61 dÃas de presidio que ya considera anticipadamente la calificación del artÃculo 68 bis del CP a la mitigante del artÃculo 11 Nº 9 del CP, concediéndose esta por la sola admisión de responsabilidad en el procedimiento simplificado de resolución inmediata48. DOI: 10.4067/S0718-68512013000100020 Corpus ID: 129904680; Sistema acusatorio de justicia penal y principio de obligatoriedad de la acción penal. Al estimar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, ROL Nº 997-2007, de 24 de mayo de 2007 que dicha pretensión particular era fundada, conforme al artÃculo 414 del CPP, invalidó tanto la sentencia definitiva como la audiencia de procedimiento abreviado, ordenando la realización de la audiencia de preparación de juicio oral74. En la causa RUC Nº 0400129328-7, del Juzgado de GarantÃa de San Pedro de la Paz, sentencia de 4 de mayo de 2004, se presenta requerimiento de procedimiento simplificado por el siguiente hecho: "(...) el imputado junto a otra persona, sustrajo desde la parte posterior de la Empresa (...), 5 planchas de melamina de propiedad de esta Empresa, las cuales cargó en un carretón de su propiedad, huyendo del lugar y siendo posteriormente detenido por personal de Carabineros de la SubcomisarÃa de San Pedro de la Paz, a unos seiscientos metros del lugar, mientras transportaba en este carretón las referidas planchas. To learn more, view our Privacy Policy. Al respecto, v. Del RÃo (2009b) pp. Entonces, para examinar adecuadamente el rol del ofendido para activar el control judicial de legalidad, cabe distinguir primero si el querellante requiere en su acusación una pena superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, o esa pena u otra inferior y, segundo, en cada caso, si el querellante, conforme al artÃculo 261 letra a) del CPP, ha ampliado la acusación extendiéndola a hechos distintos. 126-129. ). La conformidad en el Proceso Penal Español (Barcelona, Cedecs, primera edición). Dirección postal: General Jofré 462. Empero, el Juzgado de GarantÃa no está vinculado a la calificación jurÃdica de los hechos propuesta por el MP en su acusación, y el lÃmite de pena de la sentencia estará dado en este supuesto por la pena mayor solicitada por el querellante, según prescribe el artÃculo 412 del CPP76. Sin embargo, en la audiencia de preparación de juicio oral, se modifica la calificación de los hechos ya reproducidos a los delitos de amenazas no condicionales y violación de morada, condenando el Juzgado de GarantÃa mediante un procedimiento simplificado por ambos delitos con fecha 28 de enero de 2011, a dos penas de 61 dÃas de presidio39. ), "en grado de tentativa" (sic. De Diego, Luis Alfredo (1997): La conformidad del acusado (Valencia, Tirant lo Blanch). 9 v. Damaska (2010) p. 86. Ministerio Público con MejÃas (2010): Juzgado de GarantÃa de Linares, RUC Nº 0700267260-4, de 26 de diciembre del año 2010. Pero la vÃctima no solo se encontrará habitualmente con un acusador público con intereses contrarios a los que ella persigue, sino que, para que sus pretensiones tengan alguna posibilidad de fortuna, requerirá asesorÃa letrada, carga no baladà si se considera que por tratarse en general de delitos menores, usualmente no estará dispuesta a asumir las expensas de servicios profesionales para conseguir una pena superior a la buscada por el MP, ya que en todo caso, una condena, con indiferencia de su quantum, le facilita igualmente demandar la responsabilidad por los daños causados en sede civil (artÃculo 178 del Código de Procedimiento Civil). 52 Igualmente en Tagle con Fuster (2010), consta que, concurriendo dos atenuantes, el MP requiere penas de 77 dÃas de presidio por delitos de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, el que tiene asignada una pena de presidio menor en su grado máximo. Blanco con Arguedas (2012): Juzgado de GarantÃa de Coquimbo, RUC Nº 1200462700-6, de 27.07.2012. 1003 - 1033 [2015] el principio de obligatoriedad en el ejercicio de la acciÓn penal en los … 45 Garrido (2001) T. I, p. 307, explica que "el juez cuenta con una relativa discrecionalidad para la determinación de la pena dentro del marco legal, pero esa discrecionalidad no es absoluta, debe respetar los principios jurÃdicos que la orientan y los fines que esta persigue (prevención general y especial, merecimiento y necesidad de la sanción)". Ministerio Público con Vallade (2009): 2º Juzgado de GarantÃa de Santiago, RUC Nº 1100926057-0, de 26 de julio del año 2012. vol. ** MagÃster en derecho penal, Universidad de Chile (2012); PostÃtulo en Derechos Humanos, Universidad de Chile (2007); Licenciado en ciencias jurÃdicas y sociales, Universidad Nacional Andrés Bello (1995); profesor de la Escuela de Derecho, Universidad Católica Silva HenrÃquez. Si esta es desestimada, en caso de haberse ya formulado acusación escrita, se procederá a preparar el juicio oral, y en caso contrario se continuará el procedimiento según el estado en que se encontrase al momento de formularse la acusación, ya sea pendiente el cierre de la investigación o cerrada esta etapa pero faltante la presentación de la acusación, o presentada esta pendiente la audiencia de preparación del juicio oral60. En una posición intermedia, Sáez72 sostiene que el Fiscal debe explicar, cómo es posible, conforme a la ley, imponer la pena que para el evento de admisión de responsabilidad solicita, lo que en muchos casos le obligará a recalificar el delito, reformular los hechos, incorporar atenuantes o desechar agravantes, etc., agregando que todas esas modificaciones se harÃan para no ignorar "el principio de legalidad". Salinas con Carrasco (2013): 9° Juzgado de GarantÃa de Santiago RUC Nº 1200764804-7, de 27 de enero del año 2013. WebEn este artículo se constata que la regulación nacional no contempla, respecto de los procedimientos basados en la autoincriminación, adecuados controles procesales sobre el obligatorio ejercicio de la acción penal conforme a la legalidad sustantiva que debe … Vincent. 24, Nº 3: pp. (2013): Derecho Jurisdiccional, Proceso Penal (Barcelona, Bosch). En el ámbito comparado, v. Quintero, Morales y Prats (1996) p. 539; Maurach, Gössel y Zipf (1994) p. 794; Jescheck y Weigend (2002) pp. En primer término, la fijación de la cuantÃa de la multa bajo el mÃnimo legal (artÃculo 70, inciso 1° in fine, del CP), pues se ha reconocido el carácter facultativo de su determinación judicial, aun cuando debe ser razonada y fundada en la sentencia49. Con ello, en el próximo proceso penal a que se verá enfrentado este hechor pues el Fiscal, atendido el nulo efecto que tendrá la pena ahora impuesta, ya asume la futura reincidencia como un evento casi cierto, este ya no será considerado como primerizo, y por lo tanto la pena se exasperará por operación de las normas agravatorias fundadas en la reincidencia, o al menos será más severa, al privarle el acceso a una pena sustitutiva de la Ley Nº 18.216. Manual de apoyo.Reformado, Litigación estrategica en el nuevo proceso penal, MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE GUATEMALA, Comentarios al Código Procesal Penal Tomo I. Como sabemos, se refiere a que los delitos y las penas deben estar debidamente establecidos por la ley. El abandono de hechos agravantes (existentes) o la inclusión de atenuantes (inexistentes)42. 36: pp. En otras palabras, la lógica de esta polÃtica criminal de actuación es que la verdadera sanción por el primer hecho delictual será la agravación de la sanción que su autor sufrirá por el segundo ilÃcito que se asume cometerá en el futuro14. Web1. 15 de Diciembre de 2015 16331. En cuanto a la agravante del artÃculo 456 bis Nº 3 del CP, v. Riquelme con RamÃrez (2012); Ministerio Público con Medina (2008) y Ministerio Público con Varas (2008); Ministerio Público con águila (2010); Ministerio Público con MejÃas (2010) y Ministerio Público con Roa (2013); Ministerio Público con Alonso (2012); Ministerio Público con Figueroa (2009), Ministerio Público con Madariaga (2009), RUC Nº 1000885537-K, de 11.04.2011, y, Ministerio Público con Pardo (2012); Ministerio Público con Damanes (2008); y, Ministerio Público con RuÃz (2009). Ministerio Público con Sivoli (2006): Corte de Apelaciones de Santiago, ROL Nº 1.083-2006, de 6 de julio del año 2006. 60 En este caso, se tendrán por no formuladas las acusaciones verbales realizadas por el Fiscal y el querellante, lo mismo que las modificaciones que, en su caso, estos hubieren realizado a sus respectivos libelos (artÃculo 407, inciso final, del CPP). Con todo, ante el alto grado de reincidencia en el sistema criminal nacional30, incompatible con la mitigante del artÃculo 11 Nº 6 del CP de irreprochable conducta anterior, el reconocimiento de la minorante del artÃculo 11 Nº 9 del CP por la renuncia al juicio oral, ya sea simplificado u ordinario, solo producirá un acotado efecto que no resultará ni lo ha sido en la realidad aplicativa atractivo para el imputado y su defensa, atendida la criticada tradición de nuestros tribunales de fijar la cuantÃa de las penas en el mÃnimo del marco legal, desentendiéndose de la obligación de adecuarlas y fundamentarlas conforme a los parámetros del artÃculo 69 del CP"31. Damaska, Mirjan (2010): "Negotiated Justice in International Criminal Courts", en Stephen, T. El litigante ha de sujetarse a la jurisdicción (ubicación) de la cosa. Amén de las modificaciones de pena que respondan a los dos aspectos examinados, al igual que en el procedimiento abreviado, pareciera que la regulación pertinente no da cabida a mayores variaciones del requerimiento, cuestión que como estudiaremos a continuación, también ha sido sobrepasada por la realidad forense. Ministerio Público con Yáñez (2009): Corte Suprema, ROL Nº 2.693-2005, de 3 de agosto del año 2005. En dirección opuesta v. Tavolari (2005) p. 236, y Ministerio Público con Vicencio (2004). Ministerio Público con Damanes (2008): Juzgado de GarantÃa de San Antonio, RUC Nº 0600037854-0, de 16 de enero del año 2008. Otras apreciaciones, en Medina (2009) p. 203; y, Novoa (2005) T. II, pp. Debe darse por descontado asà también la experiencia comparada lo confirma que la FiscalÃa verá la intervención de la vÃctima-querellante como un impedimento para lograr un acuerdo con el imputado, restándole poder de negociación. En este caso entonces, el Juzgado de GarantÃa solo podrá desestimar el procedimiento abreviado razonando en base a los principios generales del ordenamiento penal, recurso al que escasamente suelen acudir nuestros tribunales. Parte General (Santiago, Editorial JurÃdica de Chile, T. II, tercera edición). Algunas de las prácticas que revisaremos han sido respaldadas, con diferencias, por buena parte de nuestra doctrina, v. Oberg (2000) p. 162; Mera (2004) pp. AsÃ, por ejemplo, en causa RUC Nº 1100231952-9, del 2° Juzgado de GarantÃa de Santiago, sentencia de 17 de abril de 2012, el MP presentó requerimiento de procedimiento simplificado por el siguiente hecho: "(...) cuando personal de carabineros lo sorprendió en estado de ebriedad conduciendo el camión (...), el cual quedó evidenciado no solo por su incoherencia al hablar y rostro congestionado, sino además por el examen de alcoholemia que se le practicó, el cual arrojó que el imputado conducÃa con 2.13 gramos por mil de alcohol en la sangre". de oportunidad consiste en una <
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